Suprimen la participación activista limitando el alcance de las publicaciones sobre temas sensibles en los que el gobierno opine que sean contraproducentes.

Causan división en la opinión pública difundiendo noticias falsas que cuestionan la validez científica del cambio climático.

Facilitan la difusión rápida de información, movilizando a los ciudadanos en causas medioambientales transfronterizas.

Disminuyen la eficacia de las protestas convirtiendo el activismo virtual en algo pasajero y mínimamente efectivo para los problemas reales.